Una sociedad será avanzada si tiene en cuenta a todas las personas, por eso para construir una sociedad inclusiva las personas con discapacidad tenemos que participar de manera activa en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones.

 

Tenemos que tener todas las posibilidades de alcanzar una autonomía plena y, para ello, es fundamental que el Gobierno sea consciente de la importancia de apostar por la autonomía de las personas y de que se trata de un derecho que tiene que estar garantizado para todas las personas, en cualquier lugar del país. Es intolerable que por el hecho de haber nacido en un lugar o en otro, las personas con discapacidad tengamos más o menos posibilidades de alcanzar una autonomía plena. También lo es que ni si quiera un 1% de todas las prestaciones para personas en situación de dependencia de nuestro país sean para asistencia personal. Muchas personas de nuestro grupo social siguen en la estacada, incluso hay seis comunidades donde no hay ni una sola persona con esta prestación y las iniciativas que se están poniendo en marcha son, en muchos casos, sucedáneos de asistencia personal, que en realidad no permiten desarrollar una verdadera vida independiente. Por ello, tiene que ser prioritario legislar de una vez por todas la figura de la asistencia personal, un apoyo que surgió del movimiento asociativo para las personas con discapacidad física con un mayor nivel de dependencia y que después de 13 años en nuestro ordenamiento jurídico sigue en el limbo.

 

Garantizar este y el resto de nuestros derechos es algo que deberían hacer todos los Gobiernos. La legislación que los recoge tiene que tener el mismo peso que el resto del ordenamiento jurídico, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos los horizontes que se van marcando se cumplan una vez llegada la fecha. De nada nos sirve tener una normativa avanzada si a la hora de la verdad las empresas siguen sin reservar el 2% de sus puestos de trabajo a las personas con discapacidad, seguimos encontrando barreras en los productos, entornos y servicios de manera generalizada, o un sistema educativo que no tiene los medios ni la preparación suficiente para que la educación inclusiva sea la norma.

 

El movimiento asociativo de las personas con discapacidad hemos estado detrás de todas las conquistas de derechos conseguidas, pero la experiencia nos dice que estos logros en épocas de crisis se derrumban. Cuando esto ocurre volvemos a la situación de partida que tanto nos había costado superar. El nuevo Gobierno, y cualquier Administración, tiene que ocuparse de que no se produzca ningún retroceso y establecer un marco normativo y financiero que consolide el ejercicio de derechos y el acceso a las prestaciones, con independencia de la situación política del momento. 

 

No solo no podemos volver atrás, debemos mirar al futuro. Tenemos grandes retos legislativos pendientes de aprobación para avanzar en la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, teniendo como marco de referencia que vivimos en una sociedad diversa e inclusiva, lo que implica que todas las políticas deben estar basadas en esa concepción de la sociedad. Por ello, necesitamos una nueva ley de empleo que garantice nuestro acceso a puestos de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de la población y que instaure un nuevo modelo que no solo armonice todas las medidas existentes en la actualidad, sino que incluya mejoras como una cuota de reserva en las medianas empresas o un aumento del 2% actual en las grandes de manera proporcional al número de trabajadores que tenga.

 

A día de hoy hay miles de personas con movilidad reducida que no pueden salir de sus propias casas. Por eso es necesario modificar la Ley de Propiedad Horizontal de una vez por todas, para eliminar la actual limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad y que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad solicitadas por personas con discapacidad de la misma forma que las comunidades vecinales afrontan otras reformas ineludibles derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad.

 

También es necesario transformar nuestro sistema educativo. Pasar del actual modelo integrador al modelo de la inclusión y garantizar el derecho del alumnado con discapacidad a una educación inclusiva, de calidad y en un único sistema. La escolarización debe realizarse en centros ordinarios, que a su vez deben disponer de los recursos necesarios para atender a la diversidad de las personas. 

 

Además, en nuestro país, no todas las personas con discapacidad tienen el mismo reconocimiento y ejercicio de derechos, situación directamente derivada de una falta de regulación adecuada. Es el caso de las personas con discapacidad orgánica, aquella que tiene su origen en alteraciones que se producen en el interior del cuerpo humano y, por este motivo, pasan desapercibidas no solo por la población en general, sino también por la propia Administración. Por ello, es crucial que el nuevo Gobierno proporcione una atención prioritaria a la discapacidad orgánica, empezando por la aprobación de un nuevo baremo de reconocimiento del grado de discapacidad que sea equitativo, justo y cumpla con los criterios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

 

Tener este reconocimiento es fundamental para que las personas con discapacidad orgánica puedan no solo acceder a las medidas de apoyo necesarias para llevar a cabo una vida normalizada, sino también para que toda la ciudadanía sea consciente de que, aunque no son perceptibles a simple vista, se trata de una discapacidad que existe y que tiene que tener visibilidad a todos los niveles. Es lo que también estamos promoviendo a través del Símbolo Internacional de la Discapacidad Orgánica, que hemos impulsado desde Cocemfe para su uso universal.

 

Y por último, pido al Gobierno que cuente siempre con nuestro movimiento asociativo para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. No solo a la hora de diseñar las políticas directamente vinculadas con nuestro grupo social, porque la discapacidad no es un tema independiente y de un único organismo competente, es un tema transversal. Formamos parte de la sociedad y tenemos mucho que decir en cuanto a nuestras especificidades y sobre cómo actuamos con la sociedad y el entorno. Solo con una colaboración permanente con nuestro movimiento asociativo se podrán diseñar políticas dirigidas a la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica.